AN2015: el caso CITGO y el botín de la “continuidad”

El inminente remate de la corporación petrolera venezolana CITGO  en las cortes de Estados Unidos es el resultado de una operación de despojo financiero calculada, donde la Asamblea Nacional electa en 2015 (AN2015) jugó el papel de facilitador jurídico.

El extinto parlamento, que extendió su propio mandato de forma ilegal tras vencerse su período constitucional en enero de 2021, sirvió de mampara para que corporaciones extranjeras y fondos buitre le pusieran la mano a una empresa que pertenece al pueblo venezolano, valorada en más de 15.000 millones de dólares.

El Mecanismo empleado por la AN2015: Romper la inmunidad soberana

Para que los acreedores internacionales pudieran cobrar sus deudas embargando a CITGO, debían demostrar en las cortes de Delaware un principio técnico: que PDVSA y la República Bolivariana de Venezuela eran exactamente lo mismo. Esto se conoce en el derecho internacional como la doctrina del Alter-Ego.

La AN2015 y su derivado, el «Gobierno Interino de Guaidó», fabricaron con premeditación y alevosía las pruebas que necesitaban los jueces estadounidenses a través de tres acciones planificadas:

1. Confusión de Fondos: La AN2015 comenzó a emitir decretos donde disponía del dinero de PDVSA para pagar gastos de funcionamiento del parlamento y contratar bufetes de abogados privados en Washington, destruyendo la autonomía corporativa de la petrolera.
2. Defensa Pasiva y Entreguista: Las juntas ad hoc nombradas a dedo por los partidos políticos G4 (Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT) de la AN2015) ejercieron defensas judiciales deliberadamente deficientes ante demandas de transnacionales como Crystallex y ConocoPhillips.
3. La autorización fatal de pago de los Bonos 2020: En mayo de 2019, la AN2015 autorizó el pago de 71 millones de dólares por concepto de intereses de los Bonos PDVSA 2020. Al pagar un endeudamiento cuya garantía era el 50.1% de las acciones de CITGO, dejaron a la empresa totalmente expuesta.

Este comportamiento premeditado fue la evidencia que usó el juez Leonard Stark para sentenciar que la filial ya no gozaba de inmunidad soberana, abriendo las puertas a la subasta judicial en favor de firmas como Amber Energy (filial del agresivo fondo Elliott Management).

La AN2015 y el botín de la «Continuidad»

La complicidad de la AN2015 no fue gratuita. El incentivo para mantener activa esta estafa jurídica en el exterior fue el acceso directo a millones de dólares de los recursos bloqueados a la República, administrados bajo el amparo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los EE. UU.

• Sueldos en Dólares para Exparlamentarios: A través del llamado «Fondo de Liberación de Venezuela», los exdiputados de la AN2015 aprobaron presupuestos millonarios para autoasignarse partidas de dinero, viáticos y «bonificaciones» mensuales en dólares, todo esto mientras vivían fuera del territorio venezolano y carecían de funciones legislativas reales.
• El Negocio de los Bufetes: Millones de dólares pertenecientes al patrimonio del Estado venezolano fueron desviados para pagar honorarios a costosas firmas de abogados norteamericanas asociadas al entorno político de los partidos del G4.
• Control de Juntas Directivas: Mantener el control político y administrativo de CITGO les permitió manejar una red de colocación de personal y contratos de asesoría que benefició directamente a operadores políticos, convirtiendo el activo más estratégico del país en un botín corporativo de reparto partidista.

AN2015 y el reparto del botín  

El llamado “Fondo para la Liberación de Venezuela” fue el instrumento financiero clave a través del cual la Asamblea Nacional de 2015 (AN2015) administró millones de dólares de los fondos congelados al Estado venezolano en el exterior. Estos recursos fueron liberados progresivamente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos y del Banco Central de Venezuela (BCV) bajo control ad hoc (nombrados por la AN2015), utilizándose como el sustento monetario de la estructura opositora.

1. El Origen del Dinero y los Presupuestos Anuales

El fondo se financió directamente con cuentas y activos pertenecientes a la República que fueron congelados en bancos norteamericanos (como el Citibank y la Reserva Federal de Nueva York). Su distribución se dividió en varios presupuestos anuales aprobados por los propios diputados:

• Presupuesto 2020: Se solicitaron originalmente 80 millones de dólares, de los cuales la OFAC autorizó y el Consejo de Administración ejecutó 59,3 millones de dólares.
• Presupuesto 2021: La Comisión Delegada de la AN2015 aprobó una extensión especial de 152,3 millones de dólares.
• Presupuestos Posteriores (2023-2024): Tras la disolución del «Gobierno Interino» y la toma del control por parte de una comisión liderada por Dinorah Figuera, la AN2015 se autoaprobó reformas parciales a la ley del fondo para inyectar bloques adicionales de 49 millones de dólares provenientes de las cuentas rescatadas del BCV en el extranjero.

2. Desglose de Montos Exactos por Partidas Especiales

Aunque el discurso público alegaba que los fondos se destinaban a «ayuda humanitaria» o al programa «Héroes de la Salud», las auditorías y denuncias internas revelaron que el grueso de las partidas se reservaba para el mantenimiento de la propia burocracia partidista. Un ejemplo exacto de la distribución de estas partidas especiales (ejemplificado en el presupuesto de 80 millones iniciales y reformas parciales) asignaba:

• $14.000.000 anuales (según el año fiscal) para el proyecto de «Defensa y Fortalecimiento del Poder Legislativo». Esta partida estuvo destinada al pago de sueldos directos en dólares para los diputados y su plantilla básica de trabajadores en el exterior.
• $35.000.000 para el programa de «Protección y defensa de la democracia», un fondo discrecional utilizado para el financiamiento de partidos políticos, propaganda internacional y despliegue logístico de activistas.
• $8.803.336 destinados al «Servicio Exterior», utilizado para sostener las embajadas paralelas, misiones diplomáticas y viáticos de los representantes de la AN2015 ante gobiernos aliados.
• $9.203.540 para costos de implementación y la estructura presupuestaria de las máximas autoridades.

3. El Incentivo Monetario para los Partidos Políticos (El G4)

El fondo funcionaba bajo una lógica de reparto de cuotas donde los grandes beneficiarios fueron los partidos del llamado G4: Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT).

• Financiamiento de Nóminas Partidistas: El incentivo monetario no se limitó a los diputados con curul. Voceros parlamentarios denunciaron públicamente que la directiva de la AN2015 usaba bloques de hasta $364 millones de dólares en cuentas recuperadas en EE. UU. para pagar sueldos fijos a activistas políticos de base, coordinadores regionales y operadores de medios pertenecientes exclusivamente a los partidos dominantes de la coalición (especialmente PJ y VP).

El mal llamado “Fondo de Liberación de Venezuela” consolidó un claro incentivo económico para los partidos del G4 en la AN2015: entre más tiempo lograran prolongar artificialmente la tesis de la «continuidad administrativa» del parlamento de 2015 en el extranjero, más tiempo aseguraban el acceso a las transferencias de dinero del Departamento del Tesoro estadounidense. Esto convirtió la administración  de los activos de la República en un lucrativo negocio corporativo e institucional para la cúpula de la oposición en el extranjero.

Dialogo con ex diputados de la AN2015 para el levantamiento absoluto de las sanciones

Ninguna paz será completa ni duradera mientras el cuerpo social de la Nación continúe bajo el yugo de las llamadas medidas coercitivas unilaterales. Por eso es necesario dialogar hasta con el diablo, de ser necesario, para lograr el levantamiento absoluto de estas “sanciones”. No es un favor político, sino una exigencia de justicia elemental para neutralizar el bloqueo financiero y permitir el pleno desarrollo de los recursos de la República.

Solo mediante la restitución de la normalidad económica y el cese de las agresiones externas será posible devolver de forma integral el estado de bienestar al pueblo, garantizando que la soberanía nacional no sea una moneda de cambio, sino el escudo inquebrantable de toda la sociedad monolíticamente unida por el interés de la Nación.